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(ca) Argentina, FAR: FRENTE A LA VICTORIA PARCIAL DEL GOBIERNO ¡REDOBLAR LA SOLIDARIDAD, PROFUNDIZAR LA LUCHA POPULAR! (Posición junio) (de, en, it, pt, tr)[Traducción automática]
Date
Wed, 17 Jul 2024 09:44:42 +0300
A pesar del rechazo popular, a pesar de la fuerte campaña de denuncia
desde diferentes sectores sociales y a pesar de la impresionante
movilización en las calles, el pasado miércoles, el Gobierno
reaccionario y ultraliberal de Milei logró sancionar la nueva Ley Bases
en el Senado. Un ataque directo y sin precedentes al pueblo y a los
trabajadores en su conjunto, que no pudo ser posible sin un congreso
fuertemente militarizado y una represión feroz.
Si bien, nos detendremos más abajo a analizar lo que se aprobó y,
fundamentalmente, cómo esto va a transformar nuestras vidas, resulta
importante, por otro lado, dimensionar en qué posición quedó el Gobierno
nacional con respecto a su avanzada contra los de abajo y como quedó la
correlación de fuerzas en un escenario de avanzada antiderechos y de una
todavía tenue resistencia.
En primer término podemos advertir que, si bien hubo una especie de
recorte de más del 65% del proyecto original, lo que pareciera ser un
fracaso parcial del experimento ultraliberal-reaccionario, podemos
traducirlo en realidad como un triunfo político de Milei. El Gobierno
-que partió a negociar en el senado desde una reducida minoría- no solo
sale fortalecido sino que ha conseguido ganar tiempo de cara a las
elecciones de medio término en 2025, donde el Gobierno intentará, con
mayor representación en el Congreso, dar -aún más- profundidad a la
barbarie ultraliberal.
Es cierto que todavía resta que la cámara de diputados defina la última
versión del proyecto, aunque todo indica que la ley va a salir. Incluso,
el gobierno ya está negociando para también lograr la aprobación de
algunos puntos que estaban incluidos en la versión original y que fueron
rechazados en el senado (impuesto al salario, bienes personales y
privatizaciones), muestra de que lo único que está en duda es la
proporción del daño que provocará esta ley. En este sentido, la única
cuestión de fondo para los de abajo es que se pretende arrasar con
derechos y conquistas históricas de nuestra clase trabajadora -numerosas
reivindicaciones ganadas a lo largo del siglo XX-, para favorecer -en
mucha mayor medida- a los sectores patronales, empresariales y a las
grandes transnacionales extractivistas. Revisemos en detalle algunas de
las consecuencias de lo que se ha aprobado en el Senado:
Javier Milei tendrá facultades delegadas durante 1 año en materia
administrativa, económica, financiera y energética. Se trata de uno de
los artículos centrales para el gobierno en su agenda de flexibilización
extrema de la economía, vaciamiento del sector público y ataque a las
conquistas sociales, ya que le permite realizar reformas sin la
intervención del congreso y lo habilita a llevar adelante una reforma
constitucional encubierta. Es decir, el gobierno podrá sacar mediante
DNU algunos puntos del proyecto que fueron rechazados durante el
tratamiento, incluso en condiciones peores. Es preciso señalar, además,
que si bien se fijaron ciertos límites sobre la intervención de algunos
organismos de la administración pública, para nada se modificó la
cuestión de fondo, ya que las facultades delegadas permitirán
desfinanciarlos sin tener que disolverlos estrictamente. Entre otras
cosas, las facultades delegadas también dan vía libre al gobierno para
implementar tarifazos y recortar presupuesto, siendo las consecuencias
más empobrecimiento para nuestro pueblo. Una primera muestra de esta
ofensiva, apenas conseguida la aprobación, es el desguace de trenes
argentinos que oficializó Milei mediante DNU, para comenzar su proceso
de privatización. Sin lugar a dudas, este otorgamiento de "superpoderes"
a un gobierno que, en cada paso que da, muestra su carácter anti-popular
y reaccionario, es la extensión de un cheque en blanco para que los de
arriba avancen con el ajustazo y las reformas neoliberales que reclaman
el imperialismo yankee, el capital financiero internacional y los
sectores patronales.
Una reforma laboral completamente regresiva, que no solo promueve y
legaliza el trabajo informal y precarizado, sino que además ataca de
lleno a la organización sindical. Una reforma laboral completamente
regresiva, que no solo promueve y legaliza el trabajo informal y
precarizado, sino que además ataca de lleno a la organización sindical.
Esto se expresa en una serie de puntos que incluyen la extensión del
periodo de prueba a 6 meses (hasta 1 año), la eliminación de multas por
trabajo no registrado, la introducción de la figura "colaboradores" en
empresas con hasta 5 trabajadores para que éstas no tengan que
garantizar los derechos laborales básicos (aguinaldo, licencias,
vacaciones pagas, etc.), la intención de que las mujeres trabajen hasta
10 días previos al parto, e incluso la habilitación a que se imponga por
convenio colectivo un "fondo de cese laboral" -similar al que se aplica
en la construcción- en reemplazo de la indemnización por antigüedad.
Para poder avanzar con esta arremetida limitan el derecho a huelga,
dando vía libre a los despidos persecutorios por actividad gremial,
política o medidas de fuerza, eliminando en este sentido el derecho a la
reincorporación, y reemplazandolo por una mera multa. En tanto para los
trabajadores estatales, el escenario se plantea más sombrío aún, no solo
por la aprobación de las facultades delegadas que traerá consigo el
desguace del sector público y miles de despidos, sino también porque el
proyecto aprobado institucionaliza el descuento por las jornadas de
paro, avanza sobre los descuentos de la cuota sindical solidaria,
habilita las jubilaciones forzadas y también a poner en disponibilidad a
los trabajadores de planta permanente cuyos organismos cierren y no
puedan ser reasignados a otras áreas, pudiendo echarlos sin respetar la
estabilidad ni las licencias por embarazo o enfermedad.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que entrega con
moño nuestros territorios a los proyectos extractivos para que se
desarrolle un saqueo profundo de los bienes comunes, a costa de la
explotación de la naturaleza y de la propia supervivencia de los
pueblos. Esta iniciativa que prevé beneficios a 30 años a las
inversiones extractivistas, remata nuestras vidas a las transnacionales
mineras, petroleras y del agronegocio, que si antes ya contaban con
amplias ventajas de rentabilidad y ausencia de "controles", ahora tienen
el camino allanado (desde lo jurídico y no desde la resistencia
popular), gracias a la anulación de las leyes ambientales conquistadas
al calor de la lucha por el pueblo. No tendrán tampoco ninguna condición
para presentar estudios de impacto ambiental, sumado a que pagarán menos
impuestos a las ganancias que un trabajador, tendrán retenciones cero
para las exportaciones, no estarán obligadas a comprar ni a vender en el
mercado local y, luego de los 3 años, ni siquiera tendrán que ingresar
al país las divisas que generen. A las claras, una grave profundización
de la matriz-productiva extractivista de argentina, que va en
consonancia no solo con las políticas de saqueo del gobierno de Milei,
sino también con su postura negacionista del cambio climático y la
cuestión ambiental. Las consecuencias, junto a la devastación del medio
ambiente, serán más pobreza, la expulsión de las comunidades de sus
tierras, un mayor foco de conflictos en los territorios y, por ende, un
aparato represivo al servicio de las corporaciones.
Un paquete de privatizaciones que pretende dejar en mano de los
empresarios ciertos roles y servicios públicos esenciales para la vida
de los trabajadores. Una receta al mejor estilo de los 90, con
consecuencias que ya son conocidas por nuestro pueblo: deterioro en la
calidad de los servicios, altas tarifas que los vuelven inaccesibles
para los trabajadores, despidos masivos y un enriquecimiento exponencial
de los empresarios concesionarios. Sobre esta intentona privatizadora,
de los 41 servicios públicos que habían sido presentados en la primera
Ley Bases, quedaron finalmente 6. Con la nueva versión tratada en el
senado peligra la situación de entes y organismos como Energía
Argentina, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos, Belgrano Cargas,
Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales. Sin embargo,
volvemos a recalcar, el gobierno anticipó que insistirá en aprobar,
durante la discusión en diputados, la privatización de Aerolíneas
Argentinas, Correo Argentino y otros organismos públicos que quedaron
fuera del proyecto.
En definitiva, sea cual sea la versión final de la ley una vez tratada
en diputados, los ricos serán más ricos y los pobres seremos más pobres,
los patrones se verán más empoderados y los trabajadores tendremos menos
derechos. El juego del parlamento nos va a costar muy caro a los de
abajo en esta oportunidad, producto de un sistema que enseña a delegar y
a confiar en una falsa democracia, la cual una vez más demuestra que, en
última instancia, lo único que reproduce es una lógica de exclusión y
desigualdad, amparado por una legalidad enajenada del pueblo, y la
sensación de ser el "único medio posible para resistir y defender derechos".
Para dimensionar la gravedad de la situación también debemos tomar en
cuenta los más de 30 detenidos que dejó como saldo el brutal operativo
represivo montado por el gobierno nacional en articulación con la ciudad
de Buenos Aires, que incluyó el despliegue de las cuatro fuerzas
federales. En una cacería sin miramientos, numerosas personas se
encuentran todavía privadas de su libertad, en cárceles comunes y
acusadas por cargos totalmente desproporcionados y fraguados como
sedición e intento de golpe de Estado. Los sectores en lucha debemos
repudiar la represión y luchar por la inmediata libertad de lxs
compañerxs detenidos, sin desconocer que los mecanismos con los que
actúan las fuerzas represivas son capaces de todo, por lo que tenemos
que estar más alertas que nunca para evitar que se generen precedentes
que condicionen las posibilidades de oposición a este gobierno
reaccionario y hambreador.
Ante este panorama sombrío, no desconocemos que aun hay ausencia
generalizada de descontento, de bronca en el abajo, contra esta
expoliación sin precedentes. Pero no debemos descuidar que la historia
de nuestro país no es estanca, y por el contrario contempla momentos de
auge en las luchas y estallidos sociales. Cada ciertos años, lo novedoso
de la política se estrella contra la realidad de un sistema económico y
financiero totalmente dependiente. La carestía, la precariedad, las
privaciones en los sectores populares no dan respiro, y desde abajo no
se está encontrando salida posible. Está comenzando a sentirse el agobio
de los tarifazos constantes, la ausencia de comida en las barriadas más
pobres, la falta de trabajo, nuevas oleadas de despidos y suspensiones,
topes salariales, magras jubilaciones.
Que las organizaciones sindicales y sociales se mantengan movilizadas es
de vital importancia, no solo para resistir cada avance sobre nuestras
reivindicaciones, sino también para ofrecer estructura y propiciar clima
de lucha mientras el descontento popular vaya en aumento. Las extrañas
teorías de sectores de la burocracia sindical y social que abogan por
salir solo "cuando la gente no de más", son prácticamente una
capitulación humillante.
En efecto, el pueblo no tiene tiempo para esperar un año a que el
penduleo electoral de la clase política se acuerde de sus intereses. Las
organizaciones sindicales y sociales debemos preparar el terreno para
canalizar el aumento de la resistencia.
Desde el anarquismo organizado, modestamente volvemos a insistir en lo
ya evidente: de las instituciones del sistema solo podemos esperar la
prolongación de las condiciones actuales. La tarea está entonces, en
aportar a la organización de las fuerzas populares con una perspectiva
clasista y revolucionaria, donde los trabajadores y el propio pueblo
seamos los verdaderos protagonistas de la vida política y tomemos el
destino en nuestras propias manos.
¡Arriba lxs que luchan!
Federación Anarquista de Rosario (FAR)
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