A-Infos (ca) Spane, CNT #438: Recetas represivas del pasado contra Futuro Vegetal (de, en, it, pt, tr)[Traducción automática]

Resulta absolutamente imposible no evocar a la Wallace Hartley Band 
(conocida popularmente como «la orquesta del Titanic») cuando se habla 
de la actuación de los gobiernos de todo el mundo ante las evidencias de 
colapso climático y medioambiental en el que nuestro planeta se halla 
inmerso desde hace décadas, y que todo parece indicar que enfila ya su 
recta final en las venideras. ---- Cuenta la leyenda, nunca confirmada 
ni desmentida del todo, que los músicos de dicha orquesta continuaron 
tocando hasta incluso más allá del momento en el que era ya evidente que 
el barco se iba a pique en las gélidas aguas del atlántico, donde las 
temperaturas bajo cero hacían imposible la supervivencia durante 
demasiado tiempo si no encontrabas un hueco uno de los escasos botes 
salvavidas.

Este mito moderno es mencionado habitualmente para hacer referencia a 
casos en los que, ante graves situaciones o acontecimientos que van a 
concluir de manera predecible e irremediable en una catástrofe, se 
decide no solo no hacer nada, sino seguir aparentando que nada malo va a 
suceder.

El Código penal español fija penas de hasta siete años y medio de 
prisión para aquellas personas que provoquen o realicen directa o 
indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o 
excavaciones,[...]que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o 
pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de 
las aguas, o a animales o plantas, y pudieran perjudicar gravemente el 
equilibrio de los sistemas naturales así como que puedan suponer un 
riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas. (art. 325 CP)

Por otro lado, el artículo 570 bis) del mencionado código punitivo 
entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos 
personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera 
concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el 
fin de cometer delitos.

En el marco de un escenario de crisis climática y de pasividad de los 
gobiernos para atajarla, han surgido grupos que han decidido confrontar 
esa situación a través de la desobediencia civil y la protesta pacífica

Si ponemos en relación los dos párrafos anteriores, es fácil que podamos 
concluir que están hablando de empresas como Repsol, Endesa, EDP, 
Naturgy, Arcelormittal, Cepsa, FCC, Iberdrola, Enagás o Cemex (las diez 
empresas más contaminantes en España: 
https://www.publico.es/ciencias/diez-empresas-contaminantes-espana.html). 
No digo que dichas multinacionales tengan como fin cometer delitos 
medioambientales, pero es notorio que actúan con un evidente dolo 
eventual en este sentido.

Que traducido al román paladino significa que su política es: pase lo 
que pase actúo. Si hay que hacer fracking para la extracción de gas, 
pese a la evidente perturbación medioambiental que ello supone y el 
riesgo para las poblaciones humanas del entorno, pues se hace y cruzamos 
los dedos para que el daño no se note mucho y a corto plazo.

Es un secreto a voces que las empresas más contaminantes del planeta lo 
son porque los estados en los que se alojan carecen de la voluntad 
política necesaria para poner coto a esas prácticas predatorias. De esta 
manera, los Estados se convierten en cooperadores necesarios, bien por 
acción o bien por omisión, de las acciones de las principales empresas 
contaminantes del planeta.

En el marco de este escenario de crisis climática y de pasividad por 
parte de los gobiernos para atajarla, han surgido grupos de personas 
conscientes del desastre planetario hacia el que nos lleva de la mano el 
capitalismo salvaje (valga la redundancia), y que han decidido 
confrontar esa situación a través de la desobediencia civil y la 
protesta pacífica.

Dichas actuaciones no violentas se han concretado en distintas acciones 
de visibilización, consistentes por ejemplo en cortes de carretera, 
interrupción de eventos deportivos o más habitualmente el lanzamiento de 
pintura lavable contra inmuebles gubernamentales o yates y jets privados.

Como era lógico la respuesta represiva del Estado no se ha hecho 
esperar, y son decenas las personas activistas que han sido detenidas a 
lo largo y ancho del territorio español durante el pasado año 2023, 
acusadas de formar parte de una organización criminal, que incluso en un 
primer momento la Fiscalía hizo amago de considerar con fines 
terroristas. Calificación que tuvo que rectificar ante el clamor popular 
y el absurdo evidente, incluso para ellos, que suponía dicha pretensión. 
Tan es así que durante una de las detenciones, unos de los agentes 
instructores confesó a una de las detenidas que «sabían que no eran 
delincuentes», pero que ellos «tenían que hacer su trabajo». 
Reconociendo, sin querer, que las detenciones no estaban orientadas a la 
persecución o prevención de delito alguno, y que respondían, por tanto, 
a otros intereses distintos a los de la política criminal.

La «Operación Spora», que así es como ha denominado la policía nacional 
a las razias llevadas a cabo contra los activistas contra el cambio 
climático a lo largo del pasado año, pretende configurar las actuaciones 
de protestas de estas personas como un conjunto de delitos que van desde 
los desórdenes públicos hasta los daños a inmuebles, pasando por delitos 
contra la seguridad del tráfico (cortes de carreteras).

Para ello se ha hecho imprescindible «pintar» de delictivas acciones que 
en ningún caso pueden considerarse como tal y que, en la mayoría de las 
ocasiones, además, están amparadas por el derecho fundamental a la 
protesta y la libertad de expresión.

La herramienta de protesta y visibilización más utilizada por estos 
activistas es la de lanzar pintura lavable (acuarela) contra edificios 
que albergan instituciones públicas. Estas acciones han sido calificadas 
por la policía nacional en sus informes como un «delito de daños», 
cuando en puridad absolutamente nada resulta dañado con las mismas.

La herramienta de protesta y visibilización más utilizada por estos 
activistas es la de lanzar pintura lavable (acuarela) contra edificios 
que albergan instituciones públicas. Estas acciones han sido calificadas 
por la policía nacional en sus informes como un «delito de daños», 
cuando en puridad absolutamente nada resulta dañado con las mismas.

Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo 273/2022, de 22 de marzo, 
desde una interpretación derivada de la evolución legislativa de la 
tipicidad del delito y la inclusión de las pintadas en el delito de 
daños, ha de tenerse en cuenta que el legislador penal, cuando promulga 
el Código de 1995, decidió diferenciar el delito de daños del 
deslucimiento de bienes. El primero contempla los resultados dañosos que 
implica una perdida de la sustancia de la cosa, en tanto que el 
deslucimiento, incluía los actos de deslucir porque afeaba el bien, sin 
dañarlo físicamente, o si lo hacía lo realizaba de forma susceptible de 
ser reparada, sin afectar a la sustancia, por lo que no produciría 
menoscabo. El mero deslucimiento, que no producía menoscabo porque era 
fácilmente reparable, no era subsumible en el delito de daños, sino en 
la falta de deslucimiento, que fue derogada por la reforma del Código 
penal en 2015. De manera que para que exista delito de daños se ha de 
destruir la cosa, o hacerla perder total o parcialmente su valor, 
quedando fuera de ese delito el llamado deslucimiento que en su acepción 
gramatical es «acción de quitar gracia, atractivo o lustre a una cosa», 
porque la acción realizada no afecta a la sustancia de la cosa que sigue 
existiendo como tal, aunque manchada. Funcionalmente, sigue prestando su 
utilidad. Por ello, si el resultado supone la pérdida de las condiciones 
estéticas, que son susceptibles de ser limpiadas, encontraba su acomodo 
en la falta del artículo 626 del Código penal, y que tras su 
despenalización en 2015 se remite ahora al ámbito administrativo 
sancionador de la Ley de Seguridad Ciudadana (art. 37).

Dicho en otras palabras, manchar no es dañar un objeto, porque no 
necesita reparación, solo limpieza, y por lo tanto, no se debe sancionar 
como delito, aunque pueden imponerse sanciones administrativas de 
carácter únicamente económico. Esta afirmación es de carácter general, 
ya que la jurisprudencia contempla algunos supuestos en los que se 
podría considerar delito de daños el deslucimiento de bienes con unas 
determinadas características, pero eso no es materia de este artículo.

Vivimos en un sistema en el que la pasividad ante los desmanes 
ecológicos de los grandes contaminantes es la norma, y, sin embargo, se 
persigue, se señala y se criminaliza a las personas que intentan hacer 
despertar de su letargo a los gobiernos y personas con poder suficiente 
como para intentar frenar esta lenta agonía de un planeta que ya no 
soporta más «acumulación capitalista» y que, en una suerte de defensa 
propia, nos responde cada vez con más frecuencia con olas de calor 
extremas a destiempo, sequías interminables, desertización rápida de 
inmensas zonas o desaparición de flora y fauna de manera irreversible.

Los Gobiernos, cual «orquesta del Titanic», permanecen imperturbables 
ante la zozobra del buque tierra, y han preferido seguir tocando la 
melodía macabra de los intereses económicos frente a la de la 
supervivencia del planeta, decidiendo querer olvidar que ninguno de los 
músicos de la Wallace Hartley Band sobrevivió tampoco al naufragio.

https://www.cnt.es/noticias/recetas-represivas-del-pasado-contra-futuro-vegetal/
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